Como investigadores de la CDR (Carbon Dioxide Capture), hemos observado que la captura de CO₂ atmosférico no tiene un mercado natural y depende críticamente de la intervención pública para crear oferta y demanda. El quinto capítulo del informe “The State of Carbon Dioxide Removal, 3rd Edition” analiza cómo están evolucionando las políticas y la gobernanza de la CDR; y, cómo, a pesar del rápido avance de la CDR, sigue siendo un mosaico fragmentado.
Políticas y gobernanza de la CDR
Podemos entender en este capítulo cómo están evolucionando las políticas y marcos de gobernanza para la captura de CO₂ atmosférico. A diferencia de tecnologías como la fotovoltaica o los vehículos eléctricos, la CDR no dispone de un mercado natural asociado a un servicio básico, por lo que depende de forma crítica de la intervención pública para crear oferta y demanda. El capítulo define el “escalado responsable” como aquel que garantiza que la CDR no retrasa la reducción de emisiones, minimiza impactos ambientales negativos, utiliza protocolos de MRV robustos y se construye sobre una participación significativa de las comunidades implicadas.
Para analizar el panorama actual, el informe utiliza una tipología de políticas de CDR en tres categorías: fundacionales, de oferta y de demanda. Las políticas fundacionales incluyen objetivos de GEI, marcos generales de clima, sistemas de MRV, salvaguardas ambientales y mecanismos de participación; las políticas de oferta abarcan subvenciones, créditos fiscales, apoyo a infraestructuras y financiación de I+D y demostración; y las políticas de demanda cubren objetivos de remoción, integración de CDR en ETS, compras públicas y otras obligaciones de adquisición de remociones verificadas. Con esta estructura, el capítulo construye una base de datos “first-of-a-kind” de políticas relevantes de CDR en países del G20 y en la UE, mostrando que, aunque todos cuentan con políticas fundacionales relevantes, solo algunas jurisdicciones han activado instrumentos de oferta y demanda específicos para CDR.
Avances destacados y fragmentación persistente
Entre los avances más relevantes, el capítulo destaca el objetivo cuantitativo vinculante de remociones netas del sector tierra (LULUCF) en la Unión Europea y el nuevo Reglamento de Remociones y Carbon Farming (CRCF), que introduce la categoría de “permanent carbon removal” con duraciones de almacenamiento de varios siglos. También subraya instrumentos de oferta en Estados Unidos, como el crédito fiscal 45Q, programas de compra de CDR novedosa y apoyo al DAC (Direct Air Capture), si bien algunos de estos programas han sufrido pausas o revisiones bajo la administración Trump. En otros países del G20, la mayoría de las políticas relevantes son indirectas (AFOLU, regulación de océanos, gestión de recursos) y aún no integran de forma explícita la CDR novedosa en sistemas de comercio de emisiones o en objetivos de remoción duradera. Un ejemplo ilustrativo es la reforma de la ley alemana de vertidos en alta mar en 2026, que deja de restringir la introducción de sustancias al océano a fines de investigación y permite el almacenamiento comercial de CO₂ en el subsuelo marino, habilitando potencialmente DOCCS y ciertos proyectos de almacenamiento geológico bajo el Mar del Norte.
El capítulo también señala dificultades prácticas en separar políticas específicamente de CDR de otras centradas en CCS (Carbon Capture Storage) /CCU (Carbon Capture Utilitation)/ y “carbon management”. Muchas regulaciones de almacenamiento geológico y transporte de CO₂ se diseñan pensando en CCS fósil, pero son habilitadoras para BECCS y DACCS; y políticas de “soluciones basadas en la naturaleza” en AFOLU mezclan componentes de reducción de emisiones y de remoción. En conjunto, el análisis concluye que, aunque la CDR ha entrado en la agenda de política climática, las medidas siguen dispersas, con la CDR tratada más como complemento experimental que como bien público estructural.
Gobernanza internacional y agenda futura
En el plano internacional, el capítulo revisa cómo el Acuerdo de París enmarca la CDR (Artículo 4 sobre balance de emisiones y remociones, Artículo 5 sobre apoyo a sumideros, Artículos 9 y 10 sobre financiación y transferencia tecnológica) y analiza el estado actual de iniciativas multilaterales. Un estudio de 12 iniciativas de gobernanza de CDR muestra que las funciones más avanzadas son las de señalización, coordinación y generación de datos, mientras que hay lagunas importantes en estándares, reglas y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. El informe argumenta que, dado el papel crítico de MRV, lo más eficaz sería que un número limitado de entidades coordinadas asumiera la tarea de armonizar metodologías y políticas, en lugar de multiplicar instituciones con esfuerzos solapados. Asimismo, señala la importancia del mandato otorgado al IPCC Task Force on National Greenhouse Gas Inventories para elaborar un informe metodológico sobre CDR, CCS y CCU antes de 2027, que podría aportar guía esencial para integrar métodos novedosos (meteorización mejorada, productos minerales, DOCCS) en inventarios nacionales.
La síntesis del capítulo es que la política y gobernanza de la CDR están en una fase de construcción acelerada pero aún incompleta. Las prioridades incluyen tratar la CDR explícitamente como bien público, reforzar políticas fundacionales y de oferta en países del G20 y más allá, desarrollar instrumentos de demanda creíbles (ETS, obligaciones sectoriales, compras públicas) que creen expectativas de mercado a largo plazo y fortalecer instituciones internacionales capaces de fijar estándares, armonizar MRV y abordar cuestiones de equidad y distribución de esfuerzos en la agenda global de remociones.
heliCO2farm
We capture carbon dioxide inspired by nature
